Liberalización de las drogas: una “questio disputata”

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Jorge José Ferrer, SJ

Instituto de Bioética Eugenio María de Hostos

Recinto de Ciencias Médicas

Universidad de Puerto Rico

 

En la bibliografía siquiátrica, las drogas son sustancias cuya aplicación altera la función y posiblemente la estructura biológica del organismo del usuario.  Pueden usarse en el diagnóstico, profilaxis o tratamiento de las enfermedades o para fines que no tienen relación con la práctica científica de la medicina. El Diccionario de la lengua española, distingue, además, entre drogas duras y blandas. Sería dura la que es fuertemente adictiva y blanda la que no lo es o lo es en menor grado. Despenalización y legalización son conceptos distintos. No entro aquí en esa distinción debido a las limitaciones de espacio. Uso el término más genérico de “liberalización” de las leyes y políticas públicas sobre las drogas.

La teología moral ha estudiado el uso de sustancias sicoactivas dentro del marco de los deberes que tiene la persona de cuidar su salud, preservar su libertad y autodominio y de no hacer daño a los demás. La sustancia sicoactiva que ha recibido históricamente mayor atención ha sido el alcohol. La tradición ha condenado la ebriedad, no el uso del alcohol. Las razones para censurarla han sido la obnubilación voluntaria de la autoconciencia y la disminución o anulación del dominio propio. Ambas cosas se han visto como indignas de la persona, en ausencia de una justificación proporcionada.

Aquí no nos interesa el uso y abuso de sustancias sicoactivas desde la moral de la persona, sino desde la perspectiva de la actuación del Estado. La tradición ha reconocido que el Estado no está obligado a reprimir todas las acciones que puedan ser moralmente reprobables.  De la misma manera, no todas las acciones que son nocivas para la salud individual justifican una intervención coactiva del Estado. Desde mi punto de vista, hay dos principios éticos que necesitamos conjugar: 1) El respeto por la autonomía personal. 2) El principio del bien común. ¿Cuál debería ser la política del Estado sobre el uso y posible abuso de sustancias sicoactivas, teniendo en cuenta estos principios éticos enunciados y sin perder de vista que en la tradición nunca se ha propugnado un prohibicionismo total?   En líneas generales, podemos identificar tres posibles abordajes por parte del Estado: prohibicionista, liberacionista y salubrista.

El abordaje prohibicionista es el que corresponde a la actual Guerra contra las drogas. Ha dominado el panorama durante los últimos decenios, con resultados que pueden catalogarse, a mi juicio, como predominantemente negativos. No solo ha sido impotente para disminuir el consumo de drogas, sino que podría argumentarse que ha provisto el terreno fértil para que prosperen las mafias del narcotráfico.

En el otro extremo del espectro está el abordaje liberacionista. En realidad habría que hablar de los abordajes liberacionistas porque estamos recogiendo bajo un solo título propuestas con matices muy diversos. En su formulación más amplia abogaría por la total liberalización de la producción, distribución y consumo, llegando a glorificar el uso de las drogas. Otras posiciones son más moderadas y proponen la liberalización de algunas drogas como la mariguana.

El tercer abordaje es el salubrista. Se aproxima el consumo de drogas desde la óptica de la salud pública, distanciándose de las dos posiciones anteriores. Las convicciones éticas básicas serían la promoción de la salud integral de los individuos y el bien común de la sociedad. Las propuestas deberían basarse en los mejores datos científicos disponibles. El Estado interviene para regular la producción, distribución y uso de las sustancias sicoactivas, pero el modelo de regulación no es primariamente el del derecho penal. Desde mi punto de vista, este es el camino a seguir. De hecho, es el modelo que se está implementando, con bastante éxito, para el consumo del tabaco. No se criminaliza la posesión y uso de drogas, sino que se regula y desalienta a través de intervenciones educativas y de los impuestos. Se persigue el narcotráfico ilegal y los delitos que se puedan cometer bajo los efectos de las drogas.

Hay que remarcar que la liberalización por sí sola no basta. Tiene que acompañarse con programas serios y abarcadores de investigación y educación pública y con la reglamentación de la venta y uso de las sustancias liberalizadas. La liberalización de la mariguana, por ejemplo, requiere que se reglamente su cultivo, venta y uso, incluyendo el establecimiento de niveles tolerables de THC en la sangre para la realización de tareas como conducir un vehículo de motor o practicar la medicina. También es importante evitar el desarrollo de una industria económicamente poderosa, como ha sido la del tabaco, que busque incentivar el consumo entre los jóvenes. Otro elemento a tomar en cuenta es el desarrollo económico de los actuales países productores, en los que familias pobres dependen, por ejemplo, de la coca para su sustento. 

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